En el comunicado, detallan que la máxima instancia judicial destinó G. 5.161 millones para la compra de 9 camionetas de alta gama. Refieren que la diferencia entre el costo publicado y el valor de mercado, surge una «sospecha razonable» de sobrefacturación estimada en USD 20.000 por vehículo, totalizando un daño patrimonial potencial de USD 180.000.

«Estas acciones constituyen delitos graves como lesión de confianza, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, son causales irrefutables para el juicio político que, sumado a nuestras denuncias anteriores, obligan al Parlamento Nacional a iniciar los trámites de rigor de manera inmediata», refieren.

Desde la Coordinadora, refieren que mientras el Poder Judicial malversa fondos en lujos para sus ministros, las víctimas de esquemas de estafa procesal enfrentan juzgados sin infraestructura básica, funcionarios trabajando sin aire acondicionado y una morosidad judicial que «perpetúa la injusticia».