La propuesta forma parte de un proyecto presentado en noviembre de 2024 por un grupo de senadores de la oposición, pero que hasta ahora no avanzó siquiera en su estudio en comisiones. Nakayama sostuvo que el actual escenario obliga al Congreso y al Poder Ejecutivo a volver a discutir alternativas para obtener recursos sin recurrir necesariamente a nuevos impuestos.

El parlamentario cuestionó que el Estado destine una importante cantidad de dinero al pago de coberturas privadas para determinados funcionarios mientras los hospitales públicos enfrentan dificultades presupuestarias y los médicos mantienen reclamos salariales y laborales.

"Eso lógicamente genera una diferencia y desigualdad artificial dentro de lo que son los paraguayos trabajadores en general y funcionarios públicos en particular, que tienen un seguro médico pagado por el Estado", manifestó.

Nakayama considera que esos recursos deberían permanecer dentro del propio sistema estatal y ser utilizados para mejorar la capacidad de atención, adquirir insumos y fortalecer los establecimientos sanitarios. En ese contexto, cuestionó el argumento gubernamental sobre la falta de disponibilidad financiera para responder inmediatamente a las reivindicaciones del sector médico.

El senador aclaró además que la propuesta no consiste en incorporar masivamente a los funcionarios públicos al Instituto de Previsión Social (IPS). Recordó que el propio Estado mantiene obligaciones pendientes con la previsional y sostuvo que trasladar automáticamente a ese sector toda la demanda tampoco resolvería el problema.

Su planteamiento apunta a que los funcionarios recurran al sistema público en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía y que, paralelamente, el dinero actualmente utilizado para contratar seguros privados sea invertido en mejorar esos servicios.

Nakayama mencionó establecimientos como el Hospital de Trauma, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital de Clínicas como ejemplos de centros que ya reciben pacientes provenientes de diferentes sectores de la población.

"Por qué nosotros vamos a crear paraguayos de primera y segunda categoría. Fortalezcamos el sistema público de salud inyectando ese dinero a ese sistema público de salud y no al sistema privado como se está haciendo ahora", expresó.

También puso en duda el alcance real de algunas coberturas privadas contratadas por instituciones estatales, señalando que determinados tratamientos de alta complejidad terminan igualmente dependiendo de establecimientos públicos. A su criterio, una reforma debería apuntar a construir un sistema con mayor capacidad de cobertura para todos.

El legislador sostuvo que avanzar sobre este esquema requiere principalmente un acuerdo político y consideró que la actual crisis sanitaria puede convertirse en un punto de partida para discutir la distribución de los recursos públicos.

"Tenemos que saber si el oficialismo realmente quiere resolver el problema o quiere aumentar impuestos, qué es lo que quiere hacer, plata hay, se está destinando a otra parte, esa es la verdad", afirmó.

La iniciativa para eliminar los seguros médicos privados financiados por el Estado fue presentada además por los senadores Rafael Filizzola, José Oviedo, Yolanda Paredes, Ignacio Iramain y Colym Soroka. Desde su presentación, sin embargo, el proyecto permanece sin avances sustanciales dentro del Congreso.

La propuesta reaparece mientras continúa el conflicto entre el Gobierno y los médicos, luego de negociaciones que no consiguieron cerrar las diferencias relacionadas principalmente con reivindicaciones salariales y condiciones laborales. La situación se agravó con la presentación de renuncias de numerosos profesionales y la puesta a disposición de cargos dentro de establecimientos sanitarios.

Ante este escenario, Nakayama reclamó una intervención directa del presidente Santiago Peña y pidió que el mandatario encabece una salida política junto con la ministra de Salud, María Teresa Barán, incluyendo también a autoridades del IPS en las conversaciones.

"El presidente Peña debería sentarse de forma inmediata con la ministra de Salud e involucrar incluso a la gente de IPS. Esta es una crisis grave que se está dando, no puede seguir escondiendo la cabeza como hasta ahora", cuestionó.

El planteamiento vuelve así a instalar en el Congreso la discusión sobre cuánto destina anualmente el Estado a seguros médicos privados y si esos recursos podrían ser redireccionados al sistema sanitario, justamente cuando el financiamiento aparece como uno de los principales puntos de disputa entre el Ejecutivo y los médicos.