Un enfrentamiento se registró ayer de mañana entre agentes policiales y moradores del asentamiento Belén, durante un intento de desalojo. El episodio tuvo como escenario la avenida San Martín, que pasa por la mencionada zona. El contingente policial llegó para dar cumplimiento a una orden judicial de desalojo de un inmueble usurpado. Sin embargo, antes de que pudieran descender de sus patrulleras, los policías fueron atacados a pedradas y honditazos. Igualmente, los pobladores quemaron cubiertas para crear un ambiente de tensión. Finalmente, los agentes policiales, bajo el mando del comisario principal Osmar Campuzano Alonso, jefe de Prevención y Seguridad, decidieron salir del sector.

De acuerdo con los datos, los manifestantes estaban liderados por Elvio Barúa, presunto activista social y férreo aliado y defensor del senador electo, Rafael Esquivel, alias “Mbururu”. No obstante, fuentes fidedignas indicaron a periodistas de La Clave que todo el operativo ya había sido “coordinado” previamente entre intervinientes y moradores del barrio, llevando en cuenta que éstos sabían perfectamente que el operativo se realizaría, por lo que pudieron organizarse y aguardar la llegada de la Policía. Con la manifestación y enfrentamiento, la Policía pretende convencer a jueces y fiscales de que verdaderamente Ciudad del Este y el área de influencia de la finca 66 constituyen una zona de conflicto, con lo cual justifican el no cumplimiento de los mandamientos judiciales de desahucio.

DENUNCIA POR DESACATO PREOCUPA A JEFES POLICIALES

Recordemos que recientemente, el director de Policía de Alto Paraná, Crio. Gral. Insp. Osvaldo Alejandro Ávalos, y el jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía, suboficial superior Osmar González, fueron denunciados penalmente por desacato, ante fuertes versiones de que ambos uniformados incumplen deliberadamente los mandamientos judiciales de desalojo con la intención de cobrar jugosas coimas a los afectados, quienes, para recuperar sus inmuebles, o bienes deben pagar elevadas sumas a los jefes policiales, que es un secreto a voces en el décimo departamento.

Ahora, para zafar las denuncias, habrían realizado este “simulacro de desalojo”, con enfrentamiento incluido, para así proyectar a la opinión pública de que la Policía no es la responsable de las excesivas demoras para el cumplimiento de los desalojos.

El jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía, suboficial Osmar González, y el director de Policía de Alto Paraná, Crio. Gral. Insp. Osvaldo Alejandro Ávalos, denunciados por desacato.

Uno de los casos emblemáticos que generó la denuncia por desacato contra los jefes policiales tuvo su origen el 16 de junio del 2022, cuando los abogados de una persona, cuyo terreno fue invadido, presentaron en mesa de entrada de la Dirección de Policía el mandamiento de desalojo de un terreno de 360 metros cuadrados que está ubicado en el barrio Che La Reina de la capital departamental, firmado por el juez civil de primera instancia, Mario Aguayo, en los autos caratulados “Pablo Aquino c/ Aldo Florentín Barúa s/reivindicación de inmueble”.

Pasó más de un año y hasta la fecha los uniformados de esta división policial no dieron trámite a la orden judicial que está firme en primera y segunda instancias. El abogado del caso ya ha acudido en reiteradas ocasiones a la oficina, incluso, ya cumplió con las directrices de los encargados de la oficina de Asesoría Jurídica y solicitó al propio director de Policía, Com. Gral. Insp. Osvaldo Ávalos, el acompañamiento policial, pero tampoco logró el cumplimiento del mandamiento.

Las excusas para no cumplir son que “el oficial de justicia no puso fecha” al desalojo, argumento considerado ridículo, llevando en cuenta que es la Policía la que comunica cuándo tiene suficientes recursos humanos y tiempo para disponer el desahucio, y también la supuesta alta peligrosidad existente en dicha zona, otra falacia, ya que con un contingente policial preparado y suficiente en número, los manifestantes no se atreverían a enfrentarse, ya que sus cabecillas podrían ser detenidos y procesados por resistencia, perturbación de la paz pública, entre otros.

De hecho, el seudo dirigente social Elvio Barúa debería ser procesado, ya que impunemente viene resistiendo a diversas órdenes judiciales de desalojo en la zona de la finca 66, sin llevar en cuenta que dichas órdenes emanan de juzgados competentes y con todas las atribuciones legales para la adopción de tales medidas.