El requerimiento parlamentario obliga a la administración de la estatal a presentar una rendición pormenorizada de los desembolsos realizados, incluyendo gastos vinculados a viáticos, pasajes y diferentes contrataciones efectuadas en el periodo comprendido desde marzo de 2026 hasta la actualidad.

El objetivo de los legisladores es acceder a la documentación que permita determinar cuánto dinero destinó efectivamente Petropar a las actividades relacionadas con el evento y bajo qué conceptos fueron ejecutados esos recursos.

La Cámara Baja también pretende conocer los contratos suscritos durante el periodo analizado y verificar si los procedimientos administrativos utilizados se ajustaron a las disposiciones que regulan el funcionamiento de la empresa pública.

El pedido no se limita a los gastos relacionados con el Rally Mundial. Los diputados incorporaron además un requerimiento sobre la política de contratación y administración de personal implementada durante la actual gestión de Petropar.

La petrolera deberá entregar la nómina completa de las incorporaciones realizadas, además de informar sobre recategorizaciones, promociones, traslados y reajustes salariales concedidos durante el periodo solicitado.

Los legisladores también requieren los dictámenes técnicos, resoluciones y demás antecedentes administrativos utilizados para justificar cada una de esas modificaciones dentro de la estructura de funcionarios de la empresa estatal.

La iniciativa fue impulsada en Diputados por los legisladores Alejandro Aguilera, Jorge Barressi, Edgar Chávez y Avelino Dávalos, quienes defendieron la necesidad de contar con información oficial que permita ejercer un mayor control sobre la utilización de los recursos administrados por Petropar.

Los proyectistas sostuvieron que el acceso a estos documentos forma parte de las atribuciones constitucionales de fiscalización del Congreso sobre las instituciones públicas y permitirá determinar si los fondos fueron utilizados conforme a las normas vigentes.

Una vez formalizada la resolución, Petropar deberá responder dentro del plazo legal correspondiente y remitir a la Cámara Baja tanto los informes como los documentos respaldatorios requeridos.

Posteriormente, los antecedentes serán analizados en el ámbito legislativo para establecer si existen elementos que ameriten profundizar la fiscalización, solicitar información complementaria o convocar a responsables de la petrolera estatal para brindar explicaciones.

El pedido abre así un nuevo frente de control sobre Petropar después de la realización del Rally Mundial, esta vez centrado en conocer cuánto gastó la institución, en qué fueron utilizados esos recursos y qué movimientos administrativos y salariales se produjeron paralelamente dentro de la estatal.