Durante las entrevistas y el análisis de la documentación presentada, se identificaron inconsistencias entre la información declarada en las solicitudes y los datos disponibles en los sistemas oficiales, indicando la simulación de residencia en el territorio nacional.

En uno de los flagrantes, el solicitante admitió haber utilizado la dirección de un tercero para cumplir con los requisitos del procedimiento migratorio. En otro caso, se encontró el uso indebido de una dirección para simular la residencia en Brasil, con repercusiones en las prestaciones sociales.

Estas conductas caracterizan un delito previsto en la legislación penal, ya que prestar o usar una dirección falsa para simular la residencia en el país constituye fraude y puede conllevar responsabilidad penal.

Fuente: PF