Hechos que motivan la acusación:
- Reintroducción irregular de expedientes de la empresa CARSA en el Juzgado de Paz de la Catedral: lo cual consta en audios públicos que involucran a la jueza de Paz Interina del Juzgado De la Catedral.
- Uso selectivo y arbitrario de auditorías jurisdiccionales: las solicitudes de las víctimas y de la propia Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés de la Cámara de Senadores no derivó en auditorías a pesar de los centenares de pedidos. la Corte Suprema de Justicia audita únicamente aquello que quiere.
- Medidas insuficientes y cosméticas bajo responsabilidad del ministro Martínez Simón: Jos datos engañosos que fueron dados a conocer respecto al cumplimiento de la Acordada 1800/2025 y su vez las trabas encabezadas por él mismo, para el avance de proyectos de leyes que buscan paliar la situación.
- Omisión ante el crecimiento anormal de juzgados como el de La Encarnación y otros Juzgados: como ministro responsable del Oficina Técnica de Apoyo en lo civil y específicamente de Juzgados de Paz el ministro Martínez Simón pasó por alto datos que gritaban irregularidad por el crecimiento asimétrico de determinados juzgados, sin que ameritara medida alguna.
- Vulneración del deber de protección hacia las víctimas: en ningún caso estos ministros se mostraron abiertos a reconocer la dimensión del problema ni a adoptar medidas en consecuencia
A criterio de las víctimas , estas conductas reflejan un incumplimiento de deberes, falta ética y lesión a la confianza pública, por lo que solicitan la admisión del presente libelo para su ampliación, la apertura del juicio político y medidas para garantizar verdad y reparación.
El Observador



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