Abogados que promovieron la millonaria demanda anunciaron que apelarán la decisión, por lo que el expediente pasa a segunda instancia, en lo que a esta altura ya se considera un afán de expoliar a las arcas fiscales de un monto que no hace juego con los supuestos perjuicios que sufrieron los demandantes.

La revuelta militar que tumbó 35 años de dictadura ocasionó la muerte de 31 personas, dos de ellas civiles de nacionalidad francesa, y 58 heridos. En torno a estos últimos, el Estado se ha hecho cargo de los gastos e indemnizaciones que considera judicialmente razonables.

Sin embargo, los demandantes que ahora aspiren cobrar indemnizaciones, alegan haber sufrido dolencias psicológicas a consecuencia del estrés de la refriega que hubo en torno a sitios de ataques, tales como el cuartel de Policía, la Guardia Presidencial y la zona del Palacio de Gobierno y microcentro de la capital.

En la evaluación de estos y otros elementos de juicio, el juzgado concluyó que los perjuicios de los que hacen mención los demandantes, no se ajustas a los hechos, por lo que, la millonaria indemnización que solicitan es improcedente.

De acuerdo a datos proveídos por una de las partes en litigio, la gran mayoría de los demandantes ni siquiera estaban los focos en los que hubo intercambio de fuego entre fuerzas de la revuelta y del status quo de entonces.