Durante la audiencia desarrollada recientemente, los senadores Rafael Filizzola Ignacio Iramain y José Oviedo, recogieron la preocupación en especial de los afectados provenientes del interior del país y las dificultades propias para el traslado a la capital

De igual manera pusieron atención en los requerimientos para el acceso a una representación gratuita por parte de un defensor público, es decir deben acudir presencialmente a cada una de esas sedes de Defensoría, presentar dos testigos con sus respectivas cédulas autenticadas en cada juicio y, en muchos casos, se les exige certificados de vida y residencia.

En la postura de los legisladores esto se considera como requisitos innecesarios requisito innecesario.  Otro punto señalado fue que se exige a las víctimas gestionar por sí mismas copias de los expedientes, lo cual representa una carga adicional.

Además, se detectaron casos en que se les niega la asistencia bajo el argumento de que el servicio solo está destinado a personas de escasos recursos, desconociendo que muchas de las víctimas, a pesar de contar con un salario, tienen embargado más del 50% de sus ingresos.

Uno de estos casos fue mencionado específicamente por una víctima atendida en Yuty, donde se les habría informado que al ser asalariadas no califican para recibir representación. También se remarcó que hay defensores que solo reconocen el esquema de la mafia de los pagarés en los juzgados de Paz, pese a que existen denuncias documentadas en juzgados de Justicia Letrada y de Primera Instancia.

Los senadores expresaron preocupación por el desconocimiento que aún persiste en algunas sedes de la Defensa Pública respecto al alcance de las funciones de la Comisión Especial, así como por  críticas realizadas por  funcionarios de esa institución por el involucramiento del Senado en este tema, incluso en presencia de víctimas acompañadas por funcionarios del Senado.

Esquivel, quien asumió el compromiso de establecer un instructivo  para destrabar las barreras burocráticas y mejorar la atención a las víctimas en todas las sedes de la Defensa Pública, igualmente mantener el diálogo y el intercambio de información.

El Observador