El caso fue denunciado ante la comisaría 23ª del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, donde la víctima mencionó que entregó su automóvil a un abogado para que lo venda, sin embargo, este empeñó el vehículo a un funcionario del Poder Judicial, quien, valiéndose de su condición de funcionario público, maltrató, amenazó y quiso extorsionar al afectado para devolverle su vehículo.

El dueño de automóvil es Pablo Acuña Franco (44), domiciliado en el barrio Las Mercedes de Presidente Franco, quien relató que en septiembre del año 2024 entregó su automóvil, un Toyota Wish, año 2003, color negro, con matrícula CFY674, al abogado José Nicolás Da Silva Britos, para que este venda el vehículo. Pasaron los meses y como no conseguía venderlo, el dueño pidió que le devuelva. En ese momento, el abogado prometió que le pagaría por el rodado. Sin embargo, nunca recibió el pago acordado y tampoco se firmó contrato alguno de compra-venta.

El denunciante explicó que durante meses intentó sin éxito comunicarse con Da Silva para recuperar su automóvil. En noviembre de ese mismo año, el abogado le informó que había empeñado el vehículo, sin especificar a quién. Desde entonces, Acuña perdió totalmente el rastro del rodado, hasta que el sábado 30 de agosto de 2025 logró ubicarlo en la vía pública frente a una vivienda en el km 5,5, lado Acaray, del barrio La Blanca.

PREPOTENTE UJIER

Acompañado por personal policial de la comisaría 4ª, el denunciante se dirigió al lugar para verificar la situación. Allí fue atendido por Ángel Argüello, quien se identificó como ujier del juzgado de ejecución penal del primer turno de Ciudad del Este, a cargo de la jueza Liz Paola Espínola, quien se encontraba en posesión del automóvil. Según la denuncia, Argüello reaccionó de forma agresiva, maltratando verbalmente tanto al dueño del vehículo como a los policías intervinientes, y los expulsó del lugar alegando ser el actual propietario y asegurando contar con supuesta documentación que respalda la compra. Más tarde, se hizo presente en el sitio, José Nicolás Da Silva Britos, quien confirmó que el vehículo había sido empeñado y que aún había una deuda pendiente para poder recuperarlo.

Luego de que los agentes se retiraron del lugar, Ángel Argüello llamó a Pablo Acuña para “negociar” la devolución del vehículo, exigiéndole G. 11 millones y advirtiéndole que, si no conseguía el dinero esa misma noche, llevaría el automóvil al Brasil para venderlo. Además, el ujier judicial habría amenazado con tomar represalias judiciales si la situación avanzaba: “Si no tenés para costear un juicio, tranquilizate, porque te voy a fundir y vas a tener problemas judiciales”, habría dicho, según consta en el acta. El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público que investiga el caso como apropiación, extorsión, amenazas por parte del funcionario del Poder Judicial. Hasta el momento, ni José Nicolás Da Silva Britos ni Ángel Argüello se preocuparon en devolver el vehículo ajeno.