En entrevista con Radio 1000, explicó que, si bien el TSJE habilitó un mecanismo de auditoría de los códigos para representantes técnicos de los partidos políticos, considera que, debido a la relevancia del proceso electoral, toda la ciudadanía debe tener la posibilidad de acceder a esa información para que especialistas independientes puedan analizarla y verificar su funcionamiento.

Legal señaló que la acción judicial es impulsada en representación de un ciudadano que solicitó formalmente el acceso a los códigos fuente, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública.

El abogado sostuvo que el propio pliego de bases y condiciones de la licitación del TSJE estableció que el software debía utilizar licencias libres o no propietarias, permitiendo su distribución, verificación y auditoría. Explicó que este tipo de licencias obliga a publicar las modificaciones realizadas sobre el código, por lo que, a su criterio, los archivos pasan a integrar la información pública en poder del Estado.

En ese sentido, afirmó que los códigos fuente deberían estar disponibles para cualquier persona interesada en examinarlos, especialmente en un contexto electoral donde la transparencia y la confianza ciudadana resultan fundamentales.

No obstante, reconoció que el caso podría generar un debate jurídico entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de la propiedad intelectual, ya que algunos componentes del software podrían estar sujetos a licencias propietarias que restringen su divulgación. Sin embargo, consideró que, tratándose del sistema que administra las elecciones generales, debe prevalecer el interés público.

Finalmente, indicó que la presentación judicial se realizará por etapas debido a la complejidad de los aspectos legales involucrados y adelantó que la primera acción será presentada, a más tardar, este viernes, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.