Según explicó González a la 780 am, el hecho es considerado un abierto «quiebre institucional» en la Cámara de Diputados, ya que una mayoría coyuntural violó preceptos constitucionales.

Añadió que sus colegas que votaron por la suspensión deben pagar por lo que considera du «torpeza política» que deja una muy mala imagen del país.

Alertó que con la denuncia que presentarán en la fecha dejarán en claro que no permitirán ser condenados al silencio, tal como pretenden sus colegas de la ANR y un sector del PLRA.

«ES un abierto quiebre institucional y un grave retroceso y limitación de nuestra libertad de expresión y pensamiento», resaltó la legisladora.