El primero es un pedido de pérdida de investidura, que no requiere investigación por ser confesión directa («a confesión de parte, relevo de pruebas»); el segundo, una denuncia penal ante el Ministerio Público por notitia criminis, identificando al menos seis delitos.

Ambos negaron la autenticidad de los audios, alegando montaje con IA, pero expertos y análisis técnicos lo descartan como improbable por detalles en guaraní y tonos regionales.