Durante el Consejo de Ministros, que se llevó a cabo en la noche del martes, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó algunos nombramientos y decisiones dentro del sistema judicial de su país, expuso un plan para acabar con su vida y además habló sobre el caso de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en tierras colombianas el 10 de mayo de 2022.
Durante su alocución Petro señaló al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como el principal responsable del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Además, el mandatario criticó abiertamente al fiscal colombiano Mario Burgos por su gestión en el caso, sugiriendo que el funcionario había retirado al asesino de la causa, lo que pudo haber obstaculizado el esclarecimiento del caso.
“¿Por qué la muerte de Pecci, paraguayo, quedó en manos del fiscal Burgos? Y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso, que es el narcotraficante Marset, socio del narco colombiano Julio Lozano Pirateque en Dubái, quien quiere matar al presidente de la república (refiriéndose a su persona)”, dijo. “¿Quién puso al fiscal Burgos al frente del caso del asesinato del fiscal Pecci? Pues fue su jefe. Por algo raro no querían que cambiáramos la cúpula fiscal”, destacó además.
En sus declaraciones, Petro también insinuó que Marset y otros narcotraficantes estarían involucrados en actividades criminales en Colombia, incluyendo la lucha por el control de las minas de esmeraldas, lo que habría motivado el asesinato de Pecci.
En el pasado, Petro ya había señalado a Marset como el mandante del crimen. Además, ya se había divulgado la información de que el uruguayo Sebastián Marset y el clan Insfrán fueron los que supuestamente ordenaron el crimen del fiscal Pecci en Barú, Colombia, esto de acuerdo a lo manifestado por el sindicado como “cerebro” del crimen, Francisco Luis Correa Galeano.
Tanto el nombre de Marset como el de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, saltaron públicamente a través del megaoperativo A Ultranza PY, considerada como la investigación más grande contra el tráfico de drogas y el lavado de activos en nuestro país.



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