“En fecha 23 de mayo del corriente, el Consejo de Superintendencia resolvió la apertura de una investigación preliminar, debido a una situación de conocimiento público, vinculado al uso de una sala de juicio oral para fines ajenos a su función jurisdiccional. La medida fue adoptada conforme a las atribuciones legales vigentes, en el marco de las funciones de control y supervisión” refirió el ministro.

Las imágenes, que generaron fuerte repercusión en medios digitales, muestran a las profesionales grabando contenido en espacios judiciales destinados a actos solemnes del sistema penal. Ante esta situación, el máximo tribunal dispuso una indagación administrativa que podría derivar en sanciones disciplinarias.

Entre las medidas que podrían ser impuestas se contemplan la suspensión del ejercicio profesional, el apercibimiento con constancia en el legajo; Amonestación formal e incluso la cancelación de la matrícula profesional.

La abogada María Fátima Muñoz, una de las investigadas, asumió recientemente la defensa de los padres del adolescente imputado por el presunto feminicidio de la adolescente Fernanda Benítez, caso que ha conmocionado a la opinión pública.