El Ministerio Público, liderado por el fiscal especializado Luis Said, imputó a Osmar Rolando Ortiz Rodríguez (35), Lissette Pilar Olmedo Torales (25), Gloria Rossana Coronel Franco (36), Bernardo Alejandro Muñoz Mora (40), María Concepción Coronel Franco (38), Eugenio Manuel Medina Cristaldo (44), Jorge Manuel Medina Insaurralde (18), Sara Magdalena Medina de Giménez (46), Evelin Mavel Vega González y Humberto Ortiz Vargas.

Los imputados enfrentan cargos por comercialización y tenencia de estupefacientes, conforme a los artículos 44 y 27 de la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881/02, así como asociación criminal, según el artículo 239 del Código Penal. Humberto Ortiz Vargas también fue imputado por tenencia de arma de fuego sin autorización, prevista en el artículo 94 de la Ley N° 4036/10.

Según la fiscalía, la organización criminal operaba en Ñemby, Mariano Roque Alonso y San Lorenzo, donde se distribuían drogas a nivel local. En ocho procedimientos realizados por el Ministerio Público y la SENAD, se incautaron 2.200 dosis de pasta base de cocaína (crack), 30 porciones de marihuana y otras cantidades de cocaína, además de elementos utilizados en la operación de la red.

Modus operandi y roles dentro de la organización

Las investigaciones señalan que Osmar Rolando Ortiz Rodríguez y Humberto Ortiz Vargas encabezaban las operaciones, asegurando el suministro de drogas y supervisando su distribución. Lissette Pilar Olmedo Torales y Gloria Rossana Coronel Franco desempeñaban roles clave en la logística, mientras que María Concepción Coronel Franco y Eugenio Manuel Medina Cristaldo actuaban como intermediarios en el almacenamiento y transporte.

Por su parte, Jorge Manuel Medina Insaurralde y Sara Magdalena Medina de Giménez apoyaban en tareas logísticas y de comunicaciones, mientras que Evelin Mavel Vega González colaboraba en la administración de recursos financieros de la red.

En la audiencia, las defensas técnicas solicitaron medidas alternativas, citando arraigo familiar y problemas de salud. Sin embargo, el juez Legal enfatizó que la gravedad de los hechos, la expectativa de penas superiores a diez años y el riesgo de fuga justificaban la prisión preventiva.