Durante una entrevista, Bogarín destacó que se trata de un avance significativo en la aplicación del procedimiento especial de reparación del daño, previsto en el Código Procesal Penal, que permite a la víctima, en este caso, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), acceder de forma más ágil a la compensación económica, sin recurrir a una demanda civil ordinaria.

“El perjuicio patrimonial ya había sido probado en el juicio oral y ahora estamos en la fase de ejecución. Este mecanismo es mucho más rápido que una demanda civil y fortalece el acceso a la justicia”, afirmó el procurador.

La magistrada Elsa García llevó adelante una audiencia en la que se dio oportunidad a las partes para llegar a un acuerdo conciliatorio, lo cual no se concretó. Posteriormente, se dio trámite a la demanda de reparación, se escucharon las objeciones de los demandados y se produjo prueba, concluyendo en una sentencia que Bogarín calificó de “firme y bien estructurada”.

La resolución establece que Cardozo debe resarcir al Estado por cerca de Gs. 60.000 millones, Godoy por aproximadamente Gs. 8.000 millones, y Azuaga responde solidariamente por ambos casos, alcanzando un total cercano a los Gs. 69.000 millones.

De acuerdo con el procedimiento, si la sentencia queda firme, tras un eventual recurso de apelación, se procederá a la ejecución mediante el remate de bienes previamente embargados. En caso de que estos no cubran el total reclamado, se aplicarán medidas como la inhibición general de bienes a los condenados.

Bogarin concluyó que, una vez recuperados los fondos, estos deberán ser reintegrados a las arcas del MAG, en tanto institución víctima del perjuicio.