El dirigente explicó que como la ley obliga a los proveedores a seguir prestando el servicio, estos harán uso de las herramientas legales vigentes y recurrirán a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para la suspensión de los contratos mediante un proceso administrativo.

“En el corto plazo se busca suspender para no seguir creciendo la deuda”, enfatizó, a la vez de aclarar que la medida se debe a la imposibilidad de seguir sosteniendo el financiamiento de los servicios, debido al millonario compromiso financiero por parte del IPS.