La presente iniciativa regula la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

La idea es contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos y las faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.

Establece, por otra parte, la intención de respetar el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.