Las declaraciones del legislador se produjeron después de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara la existencia de 1.090 títulos académicos declarados por 1.082 funcionarios de 35 instituciones estatales que no cuentan con respaldo en los registros de las universidades consultadas.

Benítez reconoció la importancia de que continúen saliendo a la luz posibles irregularidades en la utilización de credenciales universitarias, pero manifestó sus reservas sobre la orientación de las investigaciones impulsadas por la Contraloría y la Comisión Especial del Senado encargada de examinar estos casos.

A criterio del parlamentario, las autoridades investigadoras estarían dirigiendo sus esfuerzos hacia los sectores más vulnerables de la administración pública, sin avanzar con la misma intensidad sobre quienes ocupan posiciones de mayor influencia dentro del aparato estatal.

El diputado sostuvo que identificar documentos irregulares entre funcionarios de menor jerarquía resulta insuficiente si no se investigan también las estructuras que habrían permitido la expedición, validación y utilización de títulos académicos sin el correspondiente respaldo educativo.

En ese sentido, reclamó actuaciones más contundentes para esclarecer las posibles responsabilidades dentro del sistema de educación superior, especialmente en los mecanismos de reconocimiento y validación de títulos que involucran al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Benítez insistió en que todavía no existen señales suficientemente claras de investigaciones dirigidas contra figuras políticas de alto perfil, pese a las sospechas que han surgido durante los últimos años sobre las credenciales académicas de determinadas autoridades nacionales.

El legislador recordó que las denuncias sobre títulos presuntamente fraudulentos adquirieron notoriedad en 2023, cuando sectores de la oposición pusieron bajo cuestionamiento la documentación académica presentada por el entonces parlamentario Hernán Rivas.

El caso de Rivas terminó con una condena de ocho años de prisión por la producción y utilización de un título de abogado, pese a que, según lo establecido en el proceso judicial, no había cursado la carrera universitaria correspondiente.

El propio Raúl Benítez había cuestionado anteriormente los antecedentes académicos del diputado colorado Yamil Esgaib y del senador Ramón Retamozo, también perteneciente a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En el caso de Retamozo, el senador presentó documentación para demostrar que había cursado sus estudios universitarios, aunque persistieron cuestionamientos sobre determinadas inconsistencias señaladas en sus registros académicos.

La reciente investigación de la Contraloría fue presentada por su titular, Camilo Benítez, durante una comparecencia conjunta con el senador Patrick Kemper, presidente de la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades relacionadas con títulos profesionales.

Entre los hallazgos figuran cuatro funcionarios de la propia Contraloría cuyos antecedentes académicos fueron observados y que actualmente están sometidos a procedimientos administrativos para esclarecer sus respectivas situaciones.

Los antecedentes recopilados por el organismo contralor ya fueron remitidos al Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar procesos penales por la posible utilización de documentos académicos irregulares.

La investigación también presenta una dimensión económica, considerando que en diferentes instituciones estatales se contemplan bonificaciones salariales vinculadas a la formación universitaria. Legisladores han advertido que la utilización de títulos falsos para acceder a estos beneficios podría constituir una defraudación contra el Estado.

El cuestionamiento de Raúl Benítez apunta precisamente a ampliar el alcance de las verificaciones, de manera que no se limiten a funcionarios administrativos, sino que incluyan a legisladores, altas autoridades y otros representantes del poder público.

Para el diputado, el esclarecimiento de las irregularidades requiere investigar tanto a quienes habrían utilizado documentación académica falsa como a las personas e instituciones que eventualmente facilitaron su obtención y reconocimiento.

La aparición de más de mil títulos sin respaldo documental constituye uno de los principales resultados preliminares de la investigación, mientras persiste el reclamo de que las verificaciones alcancen también a los sectores de mayor influencia política dentro de la administración estatal.