“El gobierno estableció la posibilidad de fraccionar el aporte obrero patronal de los meses de marzo, abril y mayo, así las empresas tendrían un soporte para hacer frente a la falta de ingresos.Sin embargo, una resolución del IPS en el mes de julio, dispuso un recargo del 1% por un supuesto descalce financiero”, explicó la diputada González, a la par de asegurar que la medida es ilegal debido a la irretroactividad de las leyes.

Finalmente, aseguró que serán las empresas y trabajadores quienes sufrirán un impacto financiero de esta medida, lo que repercutirá en el eslabón más débil que son los puestos de trabajo. Fuente: Diputados.