El planteo fue realizado por el abogado Derlis Guzmán Flores Mendoza contra los magistrados Arnulfo Arias Maldonado, Andrea Cristina Vera Aldana y Bibiana Teresita Benítez Faria, integrantes del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.

La defensa alegó pérdida de imparcialidad de los jueces, invocando normas del Código Procesal Civil. Sin embargo, la Sala Penal sostuvo que el escrito no se ajustaba a las causales previstas en el artículo 50 del Código Procesal Penal, carecía de pruebas y se basaba en meras suposiciones. Por ello, resolvió inadmitir la recusación contra Arias Maldonado y Benítez Faria, y declarar inoficioso el pedido respecto de Vera Aldana, quien ya había renunciado al cargo en septiembre pasado.

Los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera votaron por la inadmisibilidad, mientras que la ministra Carolina Llanes remarcó que la recusación no puede utilizarse como una vía para revertir decisiones desfavorables, recordando que la inconformidad con lo resuelto debe canalizarse a través de otros recursos procesales.

Antecedentes

El Ministerio Público formuló acusación contra Rodríguez Leguizamón y solicitó la apertura de un juicio oral y público. La misma imputación fue presentada contra Vicente Darío Báez Benítez, Rubén Alder Leguizamón, José Luis Baruja Legal, Sergio Isasi Schweighart, Diego Armando Espínola Olmedo, Gisselle Nohemí Irala Cáceres, Pedro Antonio Morel Arévalos y Fátima María Pereira Ocampo.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante el 2021 el entonces intendente y su director de Administración y Finanzas emitieron cheques por valor de G. 268 millones sin respaldo documental. Los valores fueron cobrados por funcionarios municipales a través de endosos.

Además, en los meses de enero y febrero de ese año, se libraron cheques por G. 12 millones en concepto de bienes e insumos, nuevamente sin documentación de respaldo. También se detectaron contratos firmados con la empresa RC Construcciones y Servicios, a cargo de Óscar Raúl Cañete, por obras que quedaron inconclusas o en estado de abandono.

Una auditoría de la Contraloría General de la República reportó un faltante de G. 2.000 millones en la administración municipal, lo que motivó que un grupo de concejales solicitara la intervención de la comuna. Finalmente, en marzo del 2023, Rodríguez Leguizamón presentó su renuncia ante la inminente destitución por parte de la Cámara de Diputados.

El Observador