La magistrada rechazó el intento de traslado a otros establecimientos penitenciarios, priorizando la seguridad institucional y la continuidad de su proceso de reinserción bajo control directo.

La resolución, emitida tras una evaluación técnica y criminológica, instruye al Centro Penitenciario “Martín Mendoza” a informar en 24 horas el cumplimiento de la medida y, en un plazo adicional de 48 horas, detallar las actividades laborales, educativas y terapéuticas a las que Brítez podrá acceder dentro del recinto. La disposición busca compatibilizar la fase de tratamiento en la que se encuentra el interno con un esquema que no ponga en riesgo el orden carcelario.

Brítez Aranda fue condenado a 26 años de prisión en julio del año 2017 por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. La investigación reveló su rol como cabecilla de una red que operaba desde Paraguay hacia el Brasil y otros países, encargada de enviar cargamentos de cocaína por vía terrestre y aérea. En abril del 2014, un operativo de la SENAD y el Ministerio Público incautó más de 269 kilos de cocaína en una estancia ubicada en Ybycuí, Paraguarí, considerada el centro logístico de la organización.

El expediente de ejecución registra múltiples incidentes judiciales desde su condena. En el año 2021, Brítez obtuvo una medida excepcional de prisión domiciliaria por tres meses, decisión revocada por un tribunal de alzada al advertirse riesgos procesales. En los años siguientes, la causa transitó entre distintos juzgados hasta que, por resolución de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, se dispuso su reclusión definitiva en Emboscada bajo régimen de máxima vigilancia.

En mayo del corriente año, tras un informe criminológico que calificó su conducta como “muy buena”, el juzgado promovió al recluso a la etapa de tratamiento. Sin embargo, su permanencia en el Módulo 8, carente de programas de laborterapia o capacitación, generó reclamos de la defensa por supuesta falta de acceso a condiciones de reinserción. La nueva resolución busca subsanar esa situación, garantizando oportunidades educativas y laborales sin comprometer la seguridad del penal.