Un fuerte recorte presupuestario aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2027 encendió las alarmas en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y podría derivar en eventuales movilizaciones.

La tijera legislativa habría reducido en Gs. 64.372.085.361 el plan de gastos de la institución, golpeando tanto los recursos del Tesoro (Fuente 10), con una merma de Gs. 32.619 millones, como los recursos propios (Fuente 30), que sufrirían una quita de Gs. 31.753 millones.

El impacto de la reducción alcanzaría áreas sensibles para el funcionamiento operativo y académico de la universidad.

Los rubros más golpeados serían Servicios Personales, con un recorte de Gs. 21.797 millones, e Inversión Física, con Gs. 21.787 millones menos. A esto se sumarían disminuciones de Gs. 15.810 millones en Servicios No Personales y de Gs. 4.977 millones en Bienes de Consumo e Insumos.

Ante este escenario, desde la comunidad universitaria buscarían la reposición total de los Gs. 31.753 millones recortados de la Fuente 30, fondos generados por la propia universidad que resultarían vitales para costear servicios básicos, insumos e inversiones.

En paralelo, el Consejo Superior Universitario (CSU) emitió un comunicado oficial en el que resolvió declararse en sesión permanente para evaluar la situación y adoptar las medidas institucionales que resulten necesarias en defensa del presupuesto.

El órgano resolvió convocar de inmediato a la Mesa Técnica de Trabajo del Presupuesto —integrada por la Rectora, decanos y representantes de gremios y sindicatos— para analizar el impacto de las modificaciones introducidas por Diputados, incluyendo los requerimientos de nivelación salarial para los estamentos docente y administrativo.

Finalmente, el CSU encomendó a dicha mesa técnica realizar todas las gestiones y acciones institucionales necesarias tanto ante ambas cámaras del Congreso Nacional como ante el Poder Ejecutivo para resguardar los derechos y conquistas laborales de la comunidad universitaria.