Los diez integrantes de la red están acusados de traficar migrantes desde la frontera sur de Colombia, con Ecuador, hasta Necoclí, población sobre la costa Caribe, al norte de Colombia, que se ha convertido en trampolín para los migrantes que se dirigen hacia Panamá.

El presunto líder de la red, identificado por los fiscales como Armando Wilson Meneses Tucanez, alias “Poli”, coordinaba las operaciones desde su casa, donde se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenando por tráfico de personas en 2017, según un comunicado expedido por la Policía Nacional de Colombia el 21 de septiembre.

Las capturas se realizaron luego de que un agente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijin) logró infiltrarse en la red haciéndose pasar por un migrante cubano. Fue así como el agente encubierto logró identificar a los miembros de una organización criminal conocida como Los Errantes. El Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos también apoyó el operativo.

La red de traficantes —desarticulada a finales de septiembre— dependía de coyotes ecuatorianos, administradores de hoteles, conductores de autobuses interdepartamentales y conductores de lanchas en la costa Caribe.

Según las autoridades, los migrantes debían pagar enormes sumas de dinero y estaban expuestos a diversas formas de abuso, como la retención de sus pasaportes y equipajes y el encierro en hoteles.

Los migrantes en el esquema, que ascendían a más de 1.500, incluían un gran número de nacionalidades, de origen haitiano, africano y asiático.

La versión más extendida es que iniciaban su travesía en Ecuador antes de pasar la frontera a Colombia por el municipio de Ipiales en el departamento de Nariño, sur de Colombia. Luego, a lo largo de unos 250 días, eran llevados por una ruta que conectaba a Ipiales, con Bogotá y Medellín hasta el municipio de Necoclí, Antioquia, en la costa Caribe.

Según la policía, funcionarios corruptos proporcionaban documentos falsos a la red de tráfico de migrantes. El grupo también alojaba a los migrantes en reservas indígenas en Nariño. No se sabe si esas comunidades tenían conocimiento de las actividades del grupo.

En las audiencias preliminares, los fiscales colombianos acusaron a los diez miembros de la red por concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y violación de medidas sanitarias (contra el COVID).