La asistente municipal, que inicialmente había señalado a las autoridades por hechos graves, se disculpó públicamente en redes sociales, admitiendo que sus acusaciones no eran ciertas.

La rectificación, lejos de cerrar el caso, generó dudas sobre las presiones y negociaciones detrás de la decisión. En círculos ciudadanos y políticos se cuestiona si la retractación responde a un acto de conciencia o a un acuerdo que busca blindar la imagen de los implicados.

El episodio expone la fragilidad de la confianza pública en las instituciones y reaviva el debate sobre el uso de denuncias como herramienta de poder y descrédito en la arena municipal.