“Hemos visto que hubo un abuso discrecional de parte de la Dirección General de Fiscalización, así como los directores regionales del Ministerio de Trabajo”, indicó Recalde.

Explicó que se emitían órdenes de documentación de tenencia obligatoria, lo cual creó una situación “muy difícil” como la coima, corrupción y extorsión. “Hemos recibido una serie de denuncias con relación a esa papeleta voladora como la llamamos”, agregó. Indicó que hay documentaciones que no son necesarias solicitar, ya que en el Ministerio de Trabajo cuentan con un sistema donde constan los requisitos que se requieren a la hora de hacer la planificación.

Al ver estas irregularidades, suspendieron las medidas donde cada director solicitaba a una MiPymes estas documentaciones. “Si tengo el nombre y la dirección de una empresa, para qué lo voy a solicitar nuevamente. Esto estaba en una resolución que daba potestad a un director regional a solicitarlos», puntualizó la ministra.

“Imagínate que le pidas los documentos de guarderías, registro admisional, vacaciones, trabajos nocturnos, esto ya tiene el Ministerio en su poder. Se requiere planificación en la fiscalización”, añadió.

En contrapartida, ahora las inspecciones tendrán un marco de planificación donde se pueda hacer un trabajo de gabinete previo. Las empresas no se pueden registrarse en el Ministerio de Trabajo si no están inscriptas en el IPS.

“De acuerdo a los mensajes, desde 3.5 millones a 30 millones de guaraníes se solicitaba a las empresas. La falta de presentación de documentación habilitaba a la orden de inspección”, dijo y expresó que era discrecional de parte del director de cada zona.

Ahora, habilitarán un sistema para que se presenten de manera periódica las documentaciones de tenencia obligatoria de forma digital.