Una denuncia sobre supuestos hechos de corrupción permitió en el año 2013 la intervención de la Oficina Regional de Migraciones en Pedro Juan Caballero por parte de Carolina Castillo, responsable del área de Comunicaciones de la Dirección General de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior.

El detonante que despertó el interés de la funcionaria de Migraciones por saber lo que estaba pasando en la Oficina Regional de Pedro Juan, fueron las publicaciones en medios digitales locales de un recibo completamente irregular expedido, sellado firmado por el entonces responsable Ricardo Villalba.

Según el recibo, hecho en papel de oficio común con membrete de Migraciones, firmado y sellado por Ricardo Villalba, Jefe Regional, el mismo recibió de un ciudadano brasileño de nombre Carlos Augusto Giménez Araujo la suma de 250 reales, unos 500 mil guaraníes en aquella época, en concepto de arancel de Migraciones, sin más especificaciones.

Sin embargo la maniobra fue el resultado de un arreglo al cual llegó el Jefe Regional con 11 ciudadanos brasileños venidos de Yby Yaú que tuvieron que pagar abonar 110 mil guaraníes cada uno para obtener la entrada al país que les permita prestar servicios laborales.

Según la denuncia formulada, cuando se les solicitó a los 11 brasileños la suma de 110 mil guaraníes por cabeza, también se les ofrecía la posibilidad de llegar a un acuerdo a través del cual el dinero percibido no ingresaba a las arcas de Migraciones, llegando a la conclusión de que en tal sentido se aplica la regla del “por docena más barato”, en este caso, 11 por la suma de 500 mil guaraníes o 250 reales como figura en el irregular recibo.

Otro hecho que también investigado fue la supuesta falsificación de boletas de ingreso al país por 90 días que habría estado emitiendo Carlos Antonio Cubilla Araujo, ex funcionario de Migraciones que fue cesado el 31 de marzo de 2012, pero que sin embargo continúa emitiendo boletas de ingreso al país, una de ellas presentada como prueba, emitida el 31 de mayo de 2012, cuyo número 2680830, no figura en los servicios informáticos de la Dirección General de Migraciones.

De igual manera, llamó la atención todo lo referente a las notas que fueron remitidas a las distintas universidades en donde estudian ciudadanos brasileños, en la cual emplazan a los mismos a pasar por la Oficina Regional en el perentorio plazo de 48 horas para que regularicen su situación Migratoria y de Permanencia, amenazándoles con ser expulsados del país en el caso que así no lo hicieren. Por esta regularización también se habrían estado cobrando sumas que no se adecuan a las establecidas por la Dirección General de Migraciones y que tampoco iban a parar a sus arcas.

En su no muy bien sucedida labor como docente se le achaca – según la denuncia - haberle arrojado un manojo de llaves y rajado la cabeza a un alumno en clase, prueba de su desequilibrio emocional marcada tendencia a las reacciones violentas. Desde entonces, existe una denuncia sobre el caso durmiendo en la Fiscalía y un sumario del MEC pero hasta ahí, la politiquería habla más alto.

Recientemente ingreso como funcionario contratado en el Registro Electoral a cargo del nuevo jefe, Nicolás Felipe González Brignardello, quien tampoco está ni ahí si su funcionario se presenta o no en su lugar de trabajo o si anda - con su aparente consentimiento – promoviendo públicamente actividades atentatorias contra las leyes y la propia Constitución Nacional que invocan y dicen defender.