El abogado Jorge Rolón Luna criticó la falta de una definición clara del Congreso respecto a la continuidad del senador Erico Galeano, condenado en primera instancia por lavado de dinero y asociación criminal, y sostuvo que el caso reabre el debate sobre los criterios que aplica el Parlamento para la pérdida de investidura. En declaraciones al medio El Nacional, Rolón Luna afirmó que la diferencia de tratamiento entre este caso y la expulsión de la exsenadora Kattya González responde a prácticas de "faccionalismo y doble estándar" dentro del sistema político.

"Faccionalismo, doble estándar, tolerancia extrema a actividades criminales que son incompatibles con el servicio público. Es evidente que las decisiones que tienen que ver con inconductas de los congresistas en Paraguay son tomadas con criterios de protección y complicidad para el correligionario, y de castigo para los disidentes, como Kattya González, simplemente tomando ventaja de mayorías coyunturales", señaló el abogado.

A su criterio, estas prácticas se repiten también en procesos como las intervenciones de administraciones municipales, donde, según sostuvo, se utilizan herramientas constitucionales con fines políticos. "Se ve siempre lo mismo: proteger al corrupto propio, usar ciertas herramientas constitucionales como armas arrojadizas contra rivales políticos. Nada más antirrepublicano que eso, hecho de manera sistemática por quienes se auto perciben ´republicanos´", agregó.

Rolón Luna advirtió que la permanencia de un legislador condenado por delitos graves puede tener un fuerte impacto en la credibilidad del Congreso y en la confianza ciudadana en las instituciones. En ese sentido, consideró que, por la gravedad del caso, Galeano debería apartarse del cargo.

Cuestión de ética

"Esta cuestión es esencialmente ética, y dada la gravedad del caso, la cantidad de elementos que llevaron a su condena inicial, Galeano debería de renunciar o pedir permiso, o serle exigido esto por sus correligionarios", expresó. No obstante, el abogado aclaró que existe una diferencia jurídica entre el "uso indebido de influencias", causal de pérdida de investidura, y la comisión de delitos, que constituye una causal de inelegibilidad.

"Lo único claro es que cometió ilícitos muy graves ya aprobados en primera instancia. Una cosa es uso indebido de influencias (causal de pérdida de investidura) y otra cometer delitos (causal de inelegibilidad)", apuntó.

Asimismo, cuestionó la falta de pronunciamiento del presidente de la República, Santiago Peña, así como de dirigentes del partido oficialista y de la propia bancada del legislador. "Es muy difícil pensar que en una Fiscalía dominada por el oficialismo se llegue tan lejos en un caso flojo de papeles y evidencias. De allí que la falta de pronunciamiento del presidente, sus compañeros de bancada y otros compañeros de partido, con respecto a la necesidad de que se aparte del cargo, es lamentable. Es complicidad pura", agregó.