De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el FSB, la aplicación fue empleada para reclutar a ciudadanos rusos mediante herramientas digitales encubiertas, como servicios de citas y bots automatizados. Las agencias de seguridad informaron que cerca de cincuenta jóvenes de entre 12 y 22 años fueron detenidos en distintas regiones del país tras haber sido presuntamente captados en la plataforma para ejecutar agresiones contra efectivos de seguridad e infraestructuras de transporte y energía. Asimismo, el Ministerio del Interior ruso atribuyó al uso no moderado de la mensajería miles de episodios vinculados a ciberfraudes, tráfico de armas y narcotráfico.

El anuncio de la orden de captura internacional representa un nuevo escalón en el prolongado enfrentamiento entre Moscú y el programador nacido en San Petersburgo, quien abandonó Rusia hace varios años y cuenta con nacionalidad francesa y emiratí. Dúrov, conocido por su postura libertaria y su defensa irrestricta de la confidencialidad digital frente a la moderación estatal, ya había enfrentado intentos previos de bloqueo de su plataforma en 2018. El empresario atraviesa además procesos judiciales abiertos en Francia desde 2024 por presuntas omisiones en la contención de contenidos delictivos, manteniendo medidas de control judicial tras haber sido arrestado en París.

La acción penal coincide con un incremento sin precedentes en las restricciones a las plataformas de comunicación privadas en territorio ruso, en donde las autoridades buscan limitar el uso de aplicaciones extranjeras y promover el traspaso de usuarios hacia servicios de mensajería bajo supervisión estatal. Pese a los constantes cuestionamientos y presiones oficiales, Telegram continúa siendo uno de los canales de comunicación más utilizados por la población, entidades públicas y sectores económicos en Rusia, sin que hasta el momento la directiva de la firma se haya pronunciado oficialmente sobre los nuevos cargos imputados.