La defensa pretendía revertir la decisión del Tribunal de Apelaciones que rechazó una recusación planteada contra el juez penal de garantías especializado, Rodrigo Estigarribia. Sin embargo, la ministra María Carolina Llanes explicó que la Sala Penal no tiene competencia para estudiar apelaciones contra resoluciones que no son originarias del Tribunal de Apelaciones, y menos aún cuando se trata de recusaciones contra jueces de primera instancia. El ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia coincidió en que la apelación no podía ser admitida, dado que la resolución recurrida no habilitaba la intervención de la Corte en virtud de la normativa vigente. Por su parte, el ministro Luis María Benítez Riera adhirió al voto de su colega Llanes, subrayando que la resolución atacada era dependiente de una incidencia en primera instancia.

Fernández Yegros enfrenta una acusación formal por parte del Ministerio Público por presunta malversación de G. 1.199.305.432 durante su gestión como intendenta de Valenzuela en el año 2019. La Fiscalía sostiene que, junto con otros funcionarios y contratistas, formó parte de una red que desvió fondos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de Royalties, mediante la presentación de documentos falsos y la certificación de obras que no fueron ejecutadas o que se realizaron parcialmente. Entre las obras cuestionadas se encuentran empedrados y parques infantiles que, según la Contraloría General de la República, no existen o fueron construidos después de la denuncia.

Además de Fernández, están acusados el tesorero municipal Cristhian David Flecha, el fiscalizador de obras Elvis Ramón Balbuena, y los representantes de las empresas constructoras María Liz Fleitas (MLF Constructora) y Blásido Candia (BC Constructora), entre otros. Dos de los contratistas ya fueron condenados a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena y al pago de G. 110 millones cada uno.

El proceso ha estado marcado por múltiples incidentes dilatorios presentados por la defensa de Fernández y otros acusados, incluyendo recusaciones reiteradas al juez y recursos de reposición. Incluso, algunos abogados defensores han sido citados a audiencias disciplinarias por estas conductas.

El Observador