En la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados trató el proyecto de ley de Arbitraje. Durante el desarrollo, el legislador colorado disidente, Mauricio Espínola, solicitó la postergación del tratamiento, pero su moción no prosperó.

Por amplia mayoría, el proyecto fue aprobado y sancionado para su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La modernización de los criterios legales; la protección adecuada de la actividad arbitral; y la optimización de la relación entre el Poder Judicial y el arbitraje son pilares del proyecto.

Además, fortalece la independencia de los árbitros, la seguridad jurídica para las partes y se redefine la relación con el Poder Judicial, facilitando la ejecución de laudos y la cooperación institucional.

Toda cuestión de contenido patrimonial y transigible podrá ser sometida a arbitraje, así como aquellas que la ley o los tratados y acuerdos internacionales autoricen. No podrán someterse a arbitraje las controversias relacionadas con relaciones laborales individuales.

La legislación elimina la restricción relacionada con la intervención del Ministerio Público y permite el “arbitraje sucesorio”, donde los herederos podrían resolver disputas hereditarias por esta vía.

Igualmente, sociedades con participación accionaria del Estado, gobernaciones y universidades nacionales podrán someter controversias a arbitraje con particulares.