La intención es elevar a siete mil millones de guaraníes el valor de la recompensa por cualquier información sobre los secuestrados.

El texto sancionado establece que el dinero será utilizado de los gastos reservados del Ministerio del Interior, y no de la presidencia de la república, así como inicialmente previó la cámara alta.

La sanción se remite al Poder Ejecutivo, para su promulgación o rechazo.