En rigor, el decreto impone fuertes restricciones y medidas de racionalización que prohíben o limitan la compra de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, servicios de catering y nuevas inversiones que no sean prioritarias. Además, Peña les exige a las instituciones usar primero recursos propios (Fuente 30) antes de recurrir a los fondos del Tesoro (Fuente 10).
La medida del presidente se da luego de que iniciativas parlamentarias, tanto de oficialistas como de opositores, quedaran estancadas en el Legislativo. Una de las propuestas en sintonía con el decreto de Peña fue la del diputado César Cerini, que recibió duras críticas por parte del sector empresarial, ya que planteaba ampliar el déficit fiscal 1% más.
Óscar Lovera.
Los diputados opositores Rubén Rubín y Raúl Benítez también presentaron sus proyectos, siendo la primera muy temeraria en su análisis económico y la segunda, más viable, pero bloqueada finalmente por el cartismo.
Peña tomó la decisión de sacar la "motosierra" la misma semana en que la temperatura política volvió a incrementarse por la falta de pago a proveedores. En el caso de las empresas de salud, el Estado reconoció una deuda de US$ 1.000 millones, que se menciona usualmente como deuda acumulada con farmacéuticas.
Para la amortización de esa obligación, el Estado, con el liderazgo del ministro de Economía, Óscar Lovera, pretende la cesión de pago de US$ 370 millones. El problema que surge con esta medida es que los proveedores de insumos, clínicas tercerizadas y proveedores de mantenimiento quedan fuera del mecanismo.
María Teresa Barán.
La vocera de la Cámara Paraguaya de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos, Rocío Figueroa, aseguró que la oferta de Lovera excluye a un grupo importante de proveedores de insumos, servicios de mantenimiento de equipos y clínicas tercerizadas que no cobrarán porque la ley de presupuesto no habilita la cesión de pago para este tipo de empresas.
Actualmente, existe un proyecto de ley en la Comisión de Salud del Senado que busca esa modificación, pero no cuenta con fecha de tratamiento en el pleno. La lectura que tienen estos empresarios es que se priorizará a las farmacéuticas, por lo que varios de los servicios de diálisis, estudios traumatológicos y afines podrían ser cortados. LPO
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