A criterio del Poder Ejecutivo, este decreto es un paso para reconocer y compensar a aquellos que estuvieron directamente involucrados en estos eventos históricos.

Asimismo, con esta reglamentación, se definen los procedimientos para la tramitación y evaluación de las solicitudes, así como los mecanismos de control de la documentación requerida.

El proceso de revisión cuenta con la intervención del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la República, quienes velarán por el cumplimiento riguroso de lo establecido en la ley.

Además, el decreto impone un carácter de “falta grave” a cualquier acción u omisión por parte de funcionarios públicos que busquen alterar información relevante para el otorgamiento de estas indemnizaciones. La Presidencia señaló que esta medida busca garantizar la transparencia y la integridad del proceso, protegiendo así los derechos de los beneficiarios.

Cabe mencionar que, el monto que corresponde a cada uno de los participantes de la gesta es de 750 jornales mínimos, equivalentes a más de G. 80 millones. Serían alrededor de 1.400 beneficiarios.