El comandante del REP había afirmado que no tenía restricciones y podía usar su celular y recibir visitas libremente, lo que generó fuertes críticas y motivó la intervención fiscal.

La “libre comunicación” para un privado de libertad solo permite contacto con su abogado, familia, Fiscalía y juzgado. El uso de celulares está expresamente prohibido.

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