La ley fue sancionada por el Congreso el 17 de diciembre pasado, y en el momento de firmar el decreto de promulgación, Peña dijo que “nos va a permitir tener una mayor seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra”.

La legislación fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia en una sola institución que se llamará RUN.

El objetivo del Poder Ejecutivo es contar con un sólo trámite para las inscripciones de inmuebles y otros bienes, y dar repuesta a problemáticas de décadas como la superposición estimada de 300.000 hectáreas de tierras y la excesiva burocracia.

La Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles es la dependencia del Registro Unificado Nacional que tiene a su cargo supervisar, coordinar y garantizar la correcta gestión y administración de los procedimientos relacionados con el catastro y registro de los bienes inmuebles en el territorio nacional.

La superposición de títulos inmobiliarios es la primera dificultad que pretende resolverse y que actualmente provoca que un inmueble tenga dos o más títulos.

La segunda, la complejidad de los trámites de las entidades que ahora pasarán a fusionarse y que hoy actúan por cuerdas separadas y obligan a los ciudadanos a pasar por múltiples trámites y oficinas.

La ley que crea el RUN prevé un plazo de vacatio legis (período que transcurre desde que se publica una norma hasta que entra en vigor, momento este que habitualmente viene establecido en la propia norma) a fin de que las entidades que serán integradas puedan empezar a armonizar sus funciones propias, y así tener un registro único que realmente funcione y sea eficiente.

Actualmente los procesos se cumplen por separado, Catastro, Geodesia y Registros Públicos, cada uno con sus plazos. Catastro puede llevar más de dos o tres meses, mientras que, el Poder Judicial, unos 30 días para dar entrada o salida para acabar la registración.