El presidente Santiago Peña y el director de VLW SA, Marcelo Ferraz, tienen pautada una reunión este lunes para hablar de posibles negocios entre el Estado y la compañía brasileña, acusada de desmontar 78.549 hectáreas que forman parte del hábitat de los ayoreos totobiegosode en Puerto Casado, Alto Paraguay. La empresa originaria de Mato Grosso es parte del grupo de empresas que tienen acciones en Yaguareté Porã SA.

La organización Survival International, con sede en Londres y que defiende los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos no contactados, como los totobiegosode, había pedido a Pacto Global de la ONU que separese del grupo a Yaguareté Porã por atentar contra el patrimonio de los ayoreos y realizó una denuncia internacional en ese sentido.

El Pacto Global es una iniciativa de la ONU que promueve los derechos humanos, el cuidado del ambiente y el respeto por las normas laborales. Según una investigación del periodista uruguayo Maximiliano Manzoni, Yaguareté Porã es una de las tres empresas que más hectáreas del pueblo ayoreo deforestan y que proveen de cuero a la compañía Pasubio, con el fin de tapizar autos de lujo BMW y Jaguar Land Rover en Europa.

Arturo Méndez, gobernador de Alto Paraguay. 

También es responsable de convertir tierras indígenas en estancias ganaderas durante la última década y media. Otras dos compañías que también están en la mira por el mismo caso son Caucasian SA y la Cooperativa Chortitzer. Ferraz y Peña tienen una relación estrecha, debido a que VLM aparece como una de las donantes para la campaña electoral de las últimas generales, al igual que otras empresas ganaderas.

Según los registros del propio movimiento Honor Colorado, VLW aportó G. 72 millones para la campaña. La conversación que tendrán Peña y Ferraz estará en línea con las facilidades que busca la empresa brasileña para desarrollar sus negocios y no ceñirse a "barreras" medioambientales.

También es responsable de convertir tierras indígenas en estancias ganaderas durante la última década y media. Otras dos compañías que también están en la mira por el mismo caso son Caucasian SA y la Cooperativa Chortitzer

En 2014, la entonces ministra de la Secretaría del Ambiente (Seam), María Cristina Morales, recibió una orden del propio presidente Horacio Cartes para dar el permiso de explotación, después de que su director de Control de Calidad Ambiental se negara a firmar el pedido de autorización. Morales también ignoró la sentencia judicial de no innovar que pesa sobre el terreno en cuestión, en un litigio judicial iniciado en la década del 90.

Actualmente existen medidas cautelares que prohíben la tala de árboles y aperturas de picadas. Incluso, en 2009, la Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para que se impusieran sanciones sobre hechos punibles contra el ambiente. Hasta la fecha sigue pendiente el avance en la investigación y las denuncias contra VLW. Tampoco se corrigió ni se aclararon las irregularidades señaladas en el reporte de financiamiento político del Partido Colorado, correspondiente a las últimas elecciones.

LPO