Santi indicó que el mismo Luiz Inácio Lula da Silva, en el 2009 junto con Fernando Lugo, «había establecido los parámetros que debían regir la gestión de la empresa binacional hasta el año 2023».

Sin embargo, Abdo Benítez y Bolsonaro procedieron a revisar «anticipadamente la normalidad», lo que generó un perjuicio para el Paraguay, de acuerdo a la declaración del actual jefe del Ejecutivo.

Repasemos la negociación de Marito

En la redacción de 1000 Noticias hemos revisado archivos de argumentaciones esgrimidas durante la administración de Abdo Benítez sobre el controvertido tema. Nuestro punto de partida se sitúa en el último precio acordado durante la administración anterior: USD 20,75 kw/hora.

En el numeral IV.1 del Anexo C se define que el ingreso anual por el pago de la energía debe ser igual a los egresos, ya que Itaipú no persigue el lucro y apenas debe evitar el resultado negativo en su ejercicio financiero; es decir, salvar sus costos.

La tarifa de USD 22,60 por kw/hora se mantuvo así desde el 2007 hasta 2022 porque con dicho monto ya recaudaba lo suficiente para cubrir los componentes del costo de generación y dicha tarifa se obtuvo gracias a la eliminación del factor de ajuste y la cancelación de la deuda en el 2023.

El itinerario nos trae así hasta el año 2022, cuando la tarifa de la energía se había reducido a USD 20,75 el Kw/hora gracias a que –a su vez- se habían reducido los compromisos financieros que hasta el 2021 seguían vigentes y dicha tarifa, de USD 20,75, ya alcanzaba para cubrir todos los gastos que demandaba el ejercicio financiero de la entidad. En el 2023, al terminarse de pagar la deuda contraída para la construcción de la represa, aplicando estrictamente lo dispuesto en el Anexo C, debería haber pasado a costar menos de USD 10, por lo que se concluye que si fue establecida en USD 16,71 el kw/hora y no en menos de USD 10 –como marcaban los fríos números- este hecho evidencia que, efectivamente, ello fue producto de una negociación entre los entonces presidentes Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro.

De la observación este proceso se hace difícil sostener la teoría esgrimida por Santiago Peña en la que trata de endilgar a su antecesor el haber provocado un perjuicio de 371 millones de dólares, tal como lo afirmó a Última Hora. Más bien, el proceso de definición de tarifas adopatado en el pasado parece responder a la aplicación de resortes jurídico financieros que rigen a la Binacional. Santiago Peña, antes que desviar la atención sobre su antecesor, debería intentar brindar mayor transparencia y claridad sobre el proceso de negociación que él lidera en el presente.