En la audiencia preliminar se debatieron las acusaciones de lesión de confianza supuestamente cometidas entre 2014 y 2015 en sucursales bancarias de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este.

Parquet argumentó que los hechos concluyeron el 30 de noviembre del año 2014 y que desde entonces transcurrieron más de 10 años, sin actos que interrumpieran el curso de la acción penal. Afirmó además que la acusación fue presentada en el año 2017 y que el Ministerio Público no impulsó medidas que sostuvieran la vigencia del proceso, señalando una clara violación al art. 104 del Código Penal que impide continuar procedimientos vencidos por prescripción.

La letrada también cuestionó la excesiva dilación del proceso, mencionando que el expediente estuvo más de cinco años en la Corte Suprema de Justicia y que la Sala Penal debió integrarse con nueve jueces, algo inédito en materia penal según la abogada, debido a la renuencia de magistrados a asumir el caso. “El fiscal Jorge Arce vino a ratificarse en una acusación de hace ocho años sin revisar siquiera si la acción sigue vigente”, criticó.

El perjuicio estimado por el Ministerio Público es de USD 14 millones, pero Parquet insistió en que las acusaciones han caducado legalmente y que la audiencia, debe resolver en favor de la prescripción total.