El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, argumentó el dictamen que aconseja la aprobación con modificaciones y afirmó: “No hacemos absolutamente nada que perjudica a los trabajadores”.

En ese sentido, sostuvo que se reconocen las autonomías de las instituciones públicas fuera del Poder Ejecutivo y que no es un capricho del legislador, sino que está basado en la Constitución Nacional, que le da autonomía a ciertas instituciones, como la Contraloría General de la República (CGR), el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Fiscalía General.

“La normativa no excluye al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Cada organismo institucional será autoridad de aplicación en función pública y por ende, encargada de implementar esta ley en las relaciones laborales que no tengan un régimen especial, basado siempre en lo que establece la Constitución Nacional”, aseveró Maidana.

Por su parte, el senador Javier Zacarías, en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también apeló por la aprobación, alegando la aplicación de “principios claros de transparencia, integridad y la meritocracia”.

En la versión del Senado se mantienen los cargos de confianza; se aumentan los días de licencia por enfermedad de 90 días a 120 días; se modifica el artículo 25 relativo a la desvinculación por evaluación; y se “mejoró la relación siempre a favor de los servidores públicos, para que no haya malos entendidos”, según indicó Zacarías.

El senador Rafael Filizzola manifestó su desacuerdo con que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Consejo de la Magistratura (CM), unas 240.000 personas queden excluidas de esta ley. “A un tercio de los servidores públicos no más le va a alcanzar esta ley”, cuestionó.

“El servicio civil es la norma dentro de la función pública, los mandos medios, cargos profesionales, cargos de apoyo, mientras que la excepción son las otras carreras de la función pública. Sí creo que el militar, policía, diplomático, docente y personal de salud no pueden entrar todos en una misma ley”, aclaró.

En ese sentido, expresó que el resto del personal que cumple tareas administrativas, tiene que tener la misma norma y equivalencia de salarios entre instituciones.

“Por qué un personal administrativo del Poder Judicial o del Parlamento va a tener un régimen distinto al de un ministerio. No estoy de acuerdo con que haya entidades excluidas”, cuestionó.

Entre tanto, indicó que si bien se estable que todo personal tiene que entrar por concurso, se establecen maneras de evadir, como la opción de que los funcionarios puedan ser contratados y a los 10 años, pasar a tener los mismos beneficios que un funcionario nombrado.

Un punto que sí se tuvo en cuenta fue la prohibición de nepotismo y uso indebido de influencia en la designación de cargos de confianza.

“No podrán ser designados para cargos de confianza, en ningún caso, el cónyuge, concubino o parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sea en línea recta o colateral, de quienes ejerzan puestos de conducción política en la misma institución”, expone parte del proyecto de ley de servicio civil.

Esta prohibición no regirá para casos verdaderamente excepcionales, en los que la persona designada para el cargo de confianza en cuestión cuente con una experiencia notoria y un conocimiento técnico específico manifiesto en la materia, fehacientemente comprobados, que justifiquen su contratación o incorporación.

Los funcionarios que ocupen puestos de conducción política no podrán, en ningún caso, ejercer influencia para la designación de estos cargos en otra institución pública.

La senadora Celeste Amarilla sostuvo que no le gusta que la ley siga dejando lugar a privilegios y sueldos diferenciados.

“No me gusta que no haya punibilidad para quien no pase la prueba. Comprobamos que hay un funcionario inepto y se sigue quedando”, criticó la congresista.

La legisladora Yolanda Paredes sostuvo que no ve cual es la gran innovación que están debatiendo y que incluso están intentando limitar funcionarios, cuando intenta el Ministerio de Economía regular huelgas y beneficios colectivos de trabajo.