Filizzola calificó el hecho como “sumamente grave” y sostuvo que el Senado tiene la obligación de esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Indicó que, de confirmarse la denuncia, corresponderían sanciones severas, incluyendo la eventual pérdida de investidura del legislador implicado. Afirmó además que este tipo de conductas constituyen un abuso de poder y una vulneración directa a la independencia de las instituciones.

El legislador remarcó que mientras no se determine la autoría de la amenaza, la sospecha alcanza al conjunto del Senado. No obstante, manifestó que considera como principal señalado a Hernán Rivas, en línea con declaraciones previas de otros miembros de la Cámara. Subrayó, sin embargo, que cualquier acusación debe ser respaldada por pruebas suficientes.

En ese contexto, Filizzola también apuntó al rol del Fiscal General del Estado, de quien dijo esperar una actuación diligente orientada a la recolección de evidencias y al esclarecimiento de los hechos. Cuestionó que hasta el momento no se hayan informado avances concretos y advirtió que la falta de respuesta podría enviar un mensaje negativo a otros operadores de justicia.

Asimismo, el senador consideró insuficiente cualquier medida de protección que no aborde el fondo del problema, señalando que la amenaza no estaría dirigida contra la integridad física de la fiscal, sino contra su estabilidad laboral y carrera profesional. En ese sentido, enfatizó que el Ministerio Público debe garantizar condiciones que permitan a sus agentes actuar con independencia, sin presiones externas.

Finalmente, Filizzola insistió en que el caso requiere una investigación exhaustiva y transparente, a fin de preservar la institucionalidad y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.