La discusión en detalle de la iniciativa fue nuevamente aplazada y se prevé que continúe la próxima semana.

Tras un extenso intercambio de posturas, la propuesta de eliminar el régimen fue descartada. En ese contexto, el senador Javier Zacarías Irún impulsó el cierre del debate y solicitó la aprobación global del proyecto proveniente de Diputados, lo que finalmente prosperó mediante votación a mano alzada. También se resolvió postergar el análisis punto por punto para una próxima sesión.

La normativa en cuestión plantea ajustes considerados menores, sin modificar aspectos estructurales del esquema vigente. Entre las críticas más reiteradas se menciona que el sistema mantiene condiciones favorables como reducidos años de aporte, jubilaciones elevadas y la posibilidad de recuperar aportes, lo que genera una fuerte diferencia respecto al régimen general.

Durante el debate, el senador Dionisio Amarilla señaló que se busca introducir modificaciones en varios artículos del proyecto aprobado en la Cámara Baja. Sin embargo, otras voces cuestionaron la viabilidad del sistema. El legislador Ignacio Iramain advirtió que la Caja presenta serias inconsistencias constitucionales y un déficit significativo, afirmando que las modificaciones planteadas apenas permitirían cubrir una fracción de las obligaciones, lo que eventualmente obligaría a un rescate financiero.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla propuso avanzar hacia una liquidación ordenada del sistema, argumentando que la estructura actual es insostenible y que las reformas en estudio solo postergan una crisis inevitable. En la misma línea, Eduardo Nakayama respaldó esa alternativa, advirtiendo que el proyecto vigente podría profundizar el problema en lugar de resolverlo.

Las críticas también apuntaron al carácter desigual del régimen. La senadora Yolanda Paredes calificó a la Caja Parlamentaria como un símbolo de inequidad, mientras que desde el oficialismo surgieron posiciones en defensa del sistema. El senador Óscar Salomón sostuvo que existe una visión distorsionada sobre los beneficios y resaltó los aportes realizados por los legisladores, además de mencionar activos con los que cuenta la institución. Incluso planteó la necesidad de mantener ciertos beneficios para familiares de parlamentarios por un periodo adicional.

El trasfondo del debate gira en torno a la sostenibilidad financiera del régimen y a las críticas por los privilegios que mantiene frente al sistema previsional común, en un contexto de creciente presión sobre las cuentas públicas. Mientras tanto, la definición de fondo sigue en suspenso y el tratamiento en particular será clave para determinar si se introducen cambios reales o si el esquema continuará prácticamente intacto.