El senador liberal Éver Villalba cuestionó con dureza lo resuelto por la mayoría oficialista y sostuvo que el mecanismo utilizado para apartar temporalmente al cartista de su banca no solo contradice la Constitución, sino que además configura una maniobra de blindaje político.

Villalba afirmó que durante la sesión en la que se trató el pedido de permiso se le impidió intervenir para plantear una moción de preferencia y discutir la legalidad de lo actuado. Según su versión, incluso le cerraron el micrófono, bloqueando cualquier intento de instalar el debate sobre la validez constitucional de la medida. Para el legislador liberal, lo ocurrido representa un nuevo atropello impulsado por el cartismo y sus aliados aprovechando su mayoría en la Cámara Alta.

El cuestionamiento central del senador se basa en que la Constitución contempla situaciones específicas para solicitar permiso al cargo, y ninguna de ellas guarda relación con problemas judiciales. De acuerdo con su interpretación, ese recurso solo puede aplicarse cuando un parlamentario debe asumir funciones ministeriales o diplomáticas, por lo que utilizarlo en el caso de Galeano constituye una distorsión abierta de la norma.

Desde esa lectura, Villalba considera que la salida adoptada por el oficialismo fue una forma de esquivar el costo político de una definición de fondo. A su criterio, Galeano debía renunciar o presentarse en su banca a defender su situación, en lugar de quedar amparado por una salida transitoria que le evita enfrentar directamente el desgaste institucional de su condena. El senador fue más allá y aseguró que el propio pedido de permiso deja al descubierto que el legislador cartista ya no actúa como alguien que se siente inocente.

La crítica no quedó solo en el plano jurídico. También tuvo un fuerte contenido político. Villalba sostuvo que la mayoría oficialista volvió a utilizar su peso numérico para imponer una decisión cuestionada, sin habilitar una discusión seria sobre sus implicancias. En ese marco, remarcó que lo grave no es solo la situación particular de Galeano, sino el precedente que se instala dentro del Senado al permitir que una condena judicial sea sorteada mediante una interpretación acomodaticia del reglamento y de la Constitución.

El legislador liberal también deslizó que la oposición quedó superada por la maquinaria oficialista, que ya llegaba a la sesión con los votos suficientes para aprobar el permiso. Aun así, insistió en que la gravedad institucional del caso obliga a seguir denunciando lo ocurrido, porque, según sostuvo, el Congreso no puede naturalizar mecanismos que vacían de contenido los límites constitucionales cuando se trata de proteger a figuras vinculadas al poder.

La resolución favorable a Galeano se produce en un contexto particularmente delicado, marcado por la condena que pesa sobre el senador por supuestos hechos de lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la causa que lo vinculó con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. En ese escenario, la concesión de un permiso en lugar de una definición más drástica alimentó la percepción de que el oficialismo optó por preservar a uno de los suyos antes que enviar una señal clara de depuración institucional.

Así, el caso vuelve a golpear de lleno la credibilidad del Senado, que queda bajo sospecha por habilitar una salida que para sus detractores no es más que una cobertura política disfrazada de formalidad parlamentaria. La denuncia de Villalba, lejos de cerrar la discusión, añade más presión sobre una mayoría oficialista que otra vez queda acusada de torcer las reglas para proteger a un aliado en medio de uno de los casos más sensibles de presunta narcopolítica.

El Nacional