El legislador sostiene que el Congreso debe conocer con precisión los alcances del compromiso internacional antes de cualquier avance en su implementación y expresó inquietudes sobre sus posibles implicancias para la soberanía nacional y la política energética del país.

El acuerdo fue firmado en Washington por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en presencia del vicepresidente Pedro Alliana. El entendimiento forma parte del denominado Acuerdo 123, mecanismo previsto en la legislación estadounidense que habilita la cooperación en materia de energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos para los países que cumplen los estándares internacionales de seguridad y no proliferación establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Este tipo de convenios permite el acceso a tecnología, conocimiento y cooperación técnica en áreas vinculadas a la investigación científica y la producción de energía nuclear civil. A cambio, Estados Unidos mantiene mecanismos de supervisión para asegurar que los materiales y tecnologías transferidos no sean utilizados con fines militares. Acuerdos de estas características ya fueron suscritos por Washington con más de una veintena de países, entre ellos Argentina, Brasil y México.

Oviedo argumentó que resulta necesario esclarecer las motivaciones del Gobierno para avanzar hacia un esquema de cooperación nuclear cuando Paraguay cuenta con una matriz eléctrica prácticamente abastecida por fuentes renovables. A su criterio, el crecimiento del consumo energético derivado de la instalación de industrias electrointensivas no puede ser el único elemento de análisis para definir la política energética de largo plazo.

El legislador también planteó interrogantes sobre una eventual relación entre este memorándum y el acuerdo de cooperación sobre minerales críticos firmado entre ambos países en febrero pasado. Recordó que el uranio integra la lista de minerales estratégicos contemplados en ese entendimiento y señaló que Paraguay posee reservas certificadas de ese recurso en el departamento de Caazapá, por lo que considera indispensable conocer si existe algún vínculo entre ambos instrumentos internacionales.

Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figura la remisión de una copia íntegra y autenticada del memorándum, tanto en español como en inglés, además de información sobre la fecha prevista para su eventual remisión al Congreso Nacional con miras a un proceso de ratificación.

Asimismo, solicita que el Ejecutivo precise si el acuerdo contempla actividades de exploración, utilización o aprovechamiento de minerales existentes en territorio paraguayo y cuáles serían las garantías para preservar la soberanía nacional sobre esos recursos, el cumplimiento de la legislación ambiental y laboral, así como el régimen de regalías que eventualmente correspondería al Estado.

La iniciativa también requiere conocer si la Cancillería y el Viceministerio de Minas y Energía realizaron estudios técnicos sobre las experiencias de otros países que mantienen acuerdos similares con Estados Unidos. En caso de que esos análisis no existan, Oviedo pide que el Gobierno explique las razones por las cuales avanzó en la firma del memorándum sin una evaluación previa de sus eventuales impactos.

Finalmente, el senador solicita que el Poder Ejecutivo aclare de qué manera el acuerdo se ajustará a las disposiciones de la Constitución Nacional referentes al dominio estatal sobre los recursos minerales y a las atribuciones del Congreso para autorizar concesiones relacionadas con su explotación, al considerar que esos aspectos deben quedar plenamente resguardados antes de cualquier desarrollo futuro derivado del entendimiento bilateral.