Entre los principales puntos requeridos se encuentran las operaciones de Ueno Bank con Mowi S.A., Grupo M S.A. y Grupo Hendy S.A., además de operaciones con Tuui S.A., Franade S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros. Los legisladores solicitan al BCP precisar si se registraron excesos a los límites establecidos para operaciones con partes vinculadas, cuándo fueron detectados, cuál fue su magnitud y durante cuánto tiempo permanecieron. También preguntan específicamente por la venta de cartera de Ueno Bank a Vinanzas S.A., por US$ 35 millones y G. 36.900 millones, y si la Superintendencia verificó el destino de los fondos y la trazabilidad de las operaciones.

El pedido de informes apunta además a conocer qué medidas tomó el organismo regulador frente a los eventuales excesos. En ese sentido, se consulta si Ueno Bank fue requerido a presentar un plan de regularización, si se adoptaron medidas cautelares u observaciones conforme al artículo 34, numeral 3, de la Ley N.º 6104, y si se inició algún sumario administrativo o procedimiento sancionatorio contra la entidad o sus directores. Los senadores también solicitan copias de los informes de inspección y monitoreo correspondientes a 2025 y 2026, dictámenes de la Unidad Jurídica y del acto administrativo mediante el cual se haya admitido o rechazado la subsanación de los eventuales excesos.

El proyecto incorpora finalmente preguntas relacionadas con el funcionamiento interno de la supervisión y posibles conflictos de interés o riesgos sistémicos. Entre ellas, si el memorando del 10 de julio de 2026, atribuido al gerente de Supervisión Fernando Rivarola, fue recibido y tramitado por la Superintendencia; si existieron divergencias entre los criterios técnicos de la Gerencia de Supervisión y las decisiones finales; y qué evaluación realizó el BCP respecto al riesgo derivado de los depósitos públicos y del IPS en la entidad. También se consulta por la excepción contable vinculada a la absorción de **Visión Banco* y sus eventuales efectos sobre los indicadores de solvencia. El proyecto establece un plazo de 15 días para que el BCP remita la documentación e información solicitada. El pedido de informes, por sí mismo, no implica una conclusión sobre la existencia de irregularidades, sino que busca que el organismo regulador precise qué controles realizó y qué decisiones adoptó.