El jefe de Gabinete de la Policía Nacional, Rodolfo Oliver Fernández Aldama, fue separado del cargo tras las denuncias de supuestas coimas para evitar traslados o facilitarlos a conveniencia de sus subalternos.
En la Cámara de Senadores piden a la Contraloría General de la República (CGR) que inicie un examen de correspondencia de bienes del uniformado.
"Rodolfo Oliver Fernández Aldama, fue apartado de su cargo de manera preventiva, mientras duren las investigaciones. La Institución reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la transparencia, no tolerando conductas que se aparten de las normas establecidas, y adoptando las medidas correspondientes en caso de confirmarse responsabilidades", reza parte del comunicado de la Policía Nacional.
El caso denominado "industria de traslado" dentro de la Policía Nacional hace referencia a un esquema de supuestos pagos realizados por agentes para ser destinados a comisarías cercanas a sus lugares de residencia o para evitar determinados servicios.
Estas transferencias se efectuarían de manera periódica, tanto semanal como mensual, y tendrían como finalidad asegurar ubicaciones consideradas favorables dentro de la estructura policial. Las zonas fronterizas con las preferidas por algunos uniformados para prestar servicios.Parte de estos pagos habrían sido canalizados a cuentas personales de uniformados de mayor jerarquía, en el marco de acuerdos informales vinculados a traslados o asignaciones. Además, algunos agentes habrían abonado montos específicos para no ser enviados a determinadas funciones operativas o para ser destinados a zonas regionales.
Fernández Aldama ya fue mencionado en su momento en cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en el levantamiento de alertas de Interpol a personas cercanas a Sebastián Marset, como es el caso de su esposa, Gianina García Troche, y José Fernando Estigarribia Cristaldo, alias "La Maldad", considerado como mano derecha del narco uruguayo.
El comisario habría recibido de forma reiterada sumas de dinero provenientes de agentes de menor rango, en el marco de estos presuntos acuerdos. Estos movimientos estarían vinculados a designaciones dentro de las distintas regionales del interior del país, donde los agentes buscarían asegurar ubicaciones consideradas más convenientes.El senador Éver Villalba (PLRA) se sumó a las críticas planteadas en torno a presuntos esquemas de recaudación irregular dentro de las fuerzas públicas. Señaló que, desde su ingreso a la Cámara Alta, ha venido advirtiendo sobre este tipo de prácticas y planteó la necesidad de impulsar controles patrimoniales sobre los jefes policiales para verificar la correspondencia entre sus bienes y sus ingresos.
LPO
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