El evento, que contó con la participación de la intendenta de Mbaracayú, Nancy Algarín (ANR), y el intendente de Minga Porã, Clementino Portillo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se realizó el viernes de la semana pasada. El uso por parte de senador Amarillo, liberocartista, de un avión de Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), exclusivamente para su traslado, generó críticas por parte de la ciudadanía.

Desde entonces, ninguna institución oficial brindó explicaciones sobre quién autorizó el vuelo ni bajo qué marco se permitió que una aeronave militar sea utilizada por el senador como su transporte particular. El silencio de las autoridades aumentó las sospechas sobre una posible falta administrativa o irregularidad en el uso de la aeronave.

Amarilla participó de la inauguración de un nuevo servicio de balsa, gestionado por una empresa privada, que conecta ambas márgenes del río Paraná para el transporte de personas y camiones de carga. Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran a Algarín y Portillo en el acto de corte de cinta, junto a una embarcación con bandera paraguaya.

En Puerto Indio, el malestar crece entre los pobladores. En las redes sociales del diario La Clave la mayoría de los internautas tienen claro que se usó un bien del Estado como si fuera propio. Mencionan que si hay una aeronave militar involucrada, el Gobierno tiene que aclarar de inmediato. Señalando que no se puede mezclar lo público con lo privado.

Mientras la discusión se instala en el ámbito político y social, las autoridades nacionales mantienen el hermetismo. Ni el Ministerio de Defensa, ni la Presidencia de la República, ni otra institución gubernamental han emitido comunicados o informes sobre la operación del vuelo militar.

Para los internautas el silencio es preocupante. “Estamos hablando de una aeronave estatal que tiene protocolos muy estrictos para despegar. No puede volar para fines privados sin autorización expresa”, mencionan.

A siete días del hecho, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién solicitó el vuelo? ¿Con qué fondos se cubrió el operativo? ¿Bajo qué justificación se involucró a personal militar en un acto privado? Mientras el Gobierno guarda silencio, la discusión sobre el uso de bienes del Estado con fines particulares vuelve a poner en debate la falta de transparencia y control institucional en Paraguay.