Lovera se reveló la postura del sindicato frente a esta situación. Manifestó que, en caso de que no se obtenga respuesta al pedido en un plazo de 72 horas, agotarán la instancia administrativa y presentarán un amparo constitucional invocando la ley de la información. Asimismo, mencionó que se remitirá la documentación a la Contraloría General de la República, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el caso del uso de combustible.

El sindicalista se refirió igualmente a la aprobación de aumentar en un 33% de los haberes jubilatorios de aquellos que ganaban menos del salario mínimo, pero como posteriormente por cuestiones políticas y prebendarías, ese porcentaje se fue elevando.

“De hecho que 33% es acorde a la ley del Congreso. Sin embargo, la administración de Andrés Gubetich, con Pedro Halley, aprobaron vía Consejo de Administración, 50% y la administración corrupta de Vicente Bataglia aprobó 80%, sin ningún estudio de cálculos actuariales. O sea, eso tenía que estar previsto responsable y profesionalmente en un pack en el anteproyecto ya del ejercicio fiscal anterior”, indicó Lovera.

Este emplazamiento del sindicato del IPS a Vicente Bataglia pone de manifiesto las preocupaciones sobre el uso de los fondos jubilatorios y la necesidad de transparencia en la gestión de los recursos. Los gremios están exigiendo respuestas y documentos que permitan evaluar adecuadamente la situación financiera y el manejo de los fondos en el IPS.

Cabe mencionar que una resolución firmada por el presidente de IPS resolvió ratificar el uso del remanente de rentas de los años 2021 y 2022, correspondiente al Fondo Común de Pensiones, para cubrir el déficit del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. También autoriza disponer el rubro de Rentas de la Propiedad, con el mismo fin.