Esta lamentable situación, puede ser corroborada con los abogados (no vinculados al poder, ni con clientes políticos o con dinero que compran su impunidad) y los usuarios en general. Es indudable, que la administración de justicia necesita cambios radicales, profundos y al parecer los integrantes de la máxima instancia no son conscientes de ello. Si bien hay mínima mejoría en algunos aspectos, esta resulta absolutamente insuficiente en un poder que al igual que los otros dos están corrompidos. Los ministros no fueron capaces siquiera de imponer el control sobre la hora de llegada y salida de los magistrados y menos se puede esperar que impulsen el estudio de correspondencia de bienes de los operadores del sistema, muchos de los cuales, hacen ostentación de riqueza ante la sugestiva desidia de la Corte.

El cambio de ministros de la Corte Suprema de Justicia casi no trajo cambios en el Poder Judicial, donde continúan los mismos vicios por los cuales fueron muy criticados los anteriores miembros del alto tribunal de la República, máxima autoridad del Poder Judicial.

Si hacemos una evaluación de lo que el 2024, podemos decir que el sometimiento al poder de turno continúa en el Poder Judicial. Hay un coqueteo permanente de los ministros y magistrados en general, hasta el punto de la sumisión, con autoridades de los otros poderes del Estado como el Ejecutivo y el Legislativo, quienes son los que asignan y aprueba el presupuesto para la administración de justicia.

En cuanto a la lucha contra la corrupción interna, los ministros no impulsaron el estudio de correspondencia de bienes de los magistrados, pese a que conocen perfectamente que muchos integrantes del Poder Judicial usan el cargo para llenarse los bolsillos. Los integrantes de la Corte no fueron capaces de hacer un trabajo conjunto con la Contraloría General, órgano encargado de examinar si hay correspondencia entre los ingresos y egreso de los jueces.

En el caso de los jueces de paz de Capital, actuarios, ujieres y funcionarios de estos juzgados, se dispuso la remisión de los antecedentes a la Contraloría para el examen de correspondencia.

Si bien la Contraloría es un órgano, también sometido al poder político, un control de la Corte sobre su tarea en cuanto al examen de bienes de magistrados podría haber mejorar la salud de la justicia, que cada día está más deteriorada y a punto de ir a terapia intensiva.

En cuanto a la morosidad, no es necesario escribir muchas líneas, porque es el pan de cada día de los usuarios de justicia y abogados. Esta lamentable situación se da en todos los fueros y en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia, en donde para que se resuelva una aclaratoria los ministros tardes entre 8 y 10 meses, e incluso puede fácilmente superar 1 año. Una vergüenza.

Si bien se puede decir que hubo avances con relación a la transparencia, en comparación a otras instituciones del sistema de justicia, falta aún mucho camino por recorrer. Es necesario que la Corte de a conocer el resultado de la auditoría y sumarios a los operadores de justicia, incluidos los abogados.

Lo destacable

El sumario, suspensión y remisión de antecedentes de jueces de paz de la Capital involucrados en la “mafia de pagarés” y secuestro irregular de vehículos, en diciembre pasado, es lo más destacable del 2024 en el Poder Judicial. Esta decisión del Consejo de Superintendencia ratificada por la Corte fue muy bien vista por la ciudadanía, que aguarda que la investigación se profundice y que se de a conocer el resultado de la auditoría realizada en los juzgados de paz.

El Observador