El abogado Gerardo Ortiz por la defensa de Leonardo David Acuña Orué promovió la garantía constitucional ante el Máximo Tribunal.

Señaló que su defendido fue privado de su libertad el 8 de julio del 2022, por resolución de la jueza de Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, hasta la fecha.

Sostiene que hubo un exceso temporal de la medida, luego de la condena, que aún no está firme, y que para el 16 de mayo pasado, cuando planteó el pedido, ya pasaron 3 meses más del plazo legal.

“Al día de hoy, mi representado soporta una privación de libertad de 3 años, 10 meses y 22 días, superando ampliamente el plazo previsto en el artículo 236 del Código Procesal Penal”, argumentó.

Con ello, solicitó la libertad, porque pasaron los dos años que dice la ley, y los tres meses posteriores a la sentencia, con lo que se convierte en una pena anticipada, prohibida por la ley.

En el caso, el pasado 16 de febrero, Leonardo David Acuña Orué, fue condenado a 14 años de pena privativa de libertad junto con otras personas.

El mismo había sido investigado entre abril y julio de 2022, donde un agente encubierto de la Secretaría Nacional Antidrogas, autorizado judicialmente, realizó compras controladas en farmacias de Asunción, donde se vendieron medicamentos sin receta correspondiente.

La corte. El hábeas corpus reparador fue analizado por los ministros, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, quienes rechazaron la garantía constitucional.

Tanto Benítez Riera como Llanes sostuvieron que no existe medida ilegal, ya que la resolución que dispuso la prisión preventiva fue dictada por una jueza competente, por lo que no se dan las condiciones para admitir el hábeas corpus.

Por su parte, el ministro Ramírez Candia se adhirió, pero con el argumento que, a la fecha, aún no ha transcurrido el plazo de tres meses dispuestos por la normativa procesal mientras se tramita el recurso, computándose, desde el momento de elevación del expediente al Tribunal de Apelación (21 de abril de 2026) y hasta la fecha, un mes y catorce días.

De esta manera, en forma unánime, no hicieron lugar al pedido de libertad de la defensa a través del hábeas corpus reparador.

De esta manera, Leonardo David Acuña Orué seguirá guardando reclusión, mientras el Tribunal de Apelación Penal estudia los recursos en contra del fallo.

Este es uno de los condenados con más alta pena por la venta ilegal de medicamentos controlados en el caso Pharmakon.

Medicamentos controlados

En la causa donde condenaron a Leonardo David Acuña, también sentenciaron a Fidencio Arce Ojeda, a 13 años, y Celestina María Sosa Villalba, a 8 años. Estos fueron hallados culpables comercializar medicamentos controlados (fentalino, morfina y midazolam), en farmacias de Asunción. La Fiscalía demostró que vendían medicamentos sin recetas en cuatro compras encubiertas, autorizadas judicialmente, filmaciones y registros efectuados por agentes de la Senad.